Uno de los campos de batalla de los defensores del copyright, además de la evidente lucha contra lo que denominan ‘piratería’, es el de la extensión temporal –cada vez mayor– de los derechos patrimoniales, retrasando progresivamente el paso de las creaciones a dominio público, es decir el momento en que la sociedad puede disponer libremente de la obras –respetando siempre, eso sí, los derechos morales del autor–.
El dominio público existe porque se entiende que la creación intelectual es un bien que se nutre de logros anteriores y ha de servir de base para logros ulteriores, es decir que es un bien fundamental para el desarrollo, progreso y enriquecimiento cultural de las sociedades, a las que sólo se le puede condicionar el acceso a las obras durante un tiempo limitado.
Por tanto, este empeño por aumentar paulatinamente la vigencia de la explotación, retrasando consecuentemente la consideración de dominio público, es un empeño que atenta directamente contra el equilibrio entre ambos derechos, el particular –del autor– y el general –de toda la sociedad–, y aunque pudo tener cierta lógica hasta el tercer cuarto del pasado siglo, cuando la creación cultural gozaba de un ciclo de explotación comercial amplio, hoy ya ha perdido –gracias precisamente al consumismo impuesto por la industria cultural– todo sentido.
¿Por qué? Aquí es donde entra en juego este excelente artículo, ‘La propiedad intelectual es un condominio‘, de Borja Adsuara, del que extracto los siguientes pasajes:
"«[Con la actual legislación] las obras, las interpretaciones o ejecuciones y las producciones no pasarán al dominio público y, por tanto, no podrán ser utilizadas libremente por la sociedad durante varias generaciones.
Al contrario, la realidad de la explotación comercial de una obra o producto cultural es que el plazo se va acortando cada vez más, teniendo que amortizarse la inversión realizada en un plazo de tiempo cada vez más breve desde el estreno de una película o el lanzamiento de una novedad editorial o musical, habiéndose reducido drásticamente las tradicionales ventanas de explotación.
Es decir, que cada vez se amplía más el plazo jurídico y se reduce el plazo real, sin tener en cuenta que, al ampliar el plazo de protección de los autores, artistas y productores, se acorta o retrasa el plazo del dominio público».
".
Tengamos en cuenta que en nuestros días la vida comercial de un libro rara vez supera los cinco años; la de un lanzamiento musical, dos meses; la de la fotografía, incluida la publicitaria, mejor ni hablamos; la de la exhibición de películas en salas de cine, tres semanas, aunque aquí la vida se alarga con sus posteriores lanzamientos en soportes digitales y su ‘reciclaje’ en televisión.
¿Para qué, entonces, vigencia de los derechos patrimoniales por 50, 70, 80 o 100 años? Esto sólo le puede interesar a un reducido número de creadores, aquellos con obras que siguen generando ingresos durante décadas. Para el resto, la gran mayoría, es perjudicial porque ni obtienen ya ingresos de cierta relevancia –o nada– ni pueden beneficiarse de la difusión y nuevas posibilidades que ofrece el dominio público. Para la sociedad es sencillamente catastrófico no poder disponer libremente de esas obras durante casi o más de un siglo.
Es justo lo que viene a decirnos Adsuara. Si continuamos en la dinámica de rebajar –ley del consumo– el ciclo de explotación de las obras y aumentando el tiempo de vigencia del derecho patrimonial, lo único que conseguiremos es condenar al limbo del copyright la inmensa mayoría de las aportaciones culturales de este milenio, sin que los autores ni la sociedad se beneficien durante generaciones de todo esa caudal de creatividad y conocimiento.
Un sinsentido, otro más, en la insaciable deriva de los fundamenalistas del copyright.
